Informe de cumplimiento de España en la lucha contra la corrupción política y electoral elaborado por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa.
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (forman parte 49 estados) ha adoptado en su 70 reunión plenaria (4 de diciembre de 2015, publicado el 5 de febrero de 2016) en la Tercera Ronda de Evaluación el Segundo Addendum al Informe de Cumplimiento de España en materia de investigación (regulado en Criminal Law Convention on Corruption) y de transparencia en la financiación de partidos políticos y campañas electorales (regulado en la Recommendation Rec (2003) on Common Rules against Corruption in the Funding of Political Parties and Electoral Campaigns).
GRECO concluye que de las quince recomendaciones realizadas a España, once se han aplicado satisfactoriamente o se traten de manera satisfactoria. Las cuatro recomendaciones restantes se han aplicado parcialmente.
LAS ONCE MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN
Las seis medidas que España no ha adoptado y que había pedido el Grupo de Estados contra la Corrupción son:
- Que el Congreso y el Senado adopten un código de conducta con medidas prácticas de aplicación.
- Que se realice un registro de lobistasy un código de conducta para la profesión.
- Que se tomen medidas para garantizar un control de las obligaciones declarativas de los parlamentarios
- Que se analice el marco legislativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
- Que se legislen criterios objetivos y reglas de evaluación para los nombramientos en las altas funciones de la judicatura.
- Que se amplíen los plazos de prescripción de procedimientos disciplinarios de los jueces.
Las cinco medidas adoptadas parcialmente son:
- Que se reexamine el tipo de datos que deben hacer públicos los parlamentarios.
- Que los jueces adopten un código deontológico público.
- Que se revise el método de selección y la duración del mandato del fiscal general.
- Que los fiscales adopten un código deontológico.
- Que se establezca un marco reglamentario específico para las sanciones disciplinarias en la fiscalía.
Reconoce el Consejo de Europa que ha habido reformas positivas, como la implementación de la ley de transparencia de 2013, pero recuerda que España es, según la organización Transparencia Internacional, uno de los países de mayor declive registrado en los últimos cuatro años a este respecto, y señala también que el bloqueo político actual ha dejado en suspenso varias reformas en materia de lucha contra la corrupción.
En términos generales, las medidas recomendadas por el Greco se centran en lograr una mayor independencia del poder judicial, pero también de la fiscalía, y en dotar de una mayor transparencia a la actividad parlamentaria, siempre para prevenir la corrupción. La respuesta en los tres capítulos es “decepcionante” y “globalmente insatisfactoria”, según el Greco.
Para reducir la corrupción y evitar conflictos de intereses en el Parlamento, el GRECO recomendó a España que estableciese un código de conducta, que elaborase un registro de lobistas y que publicase gastos, patrimonio, remuneración o regalos recibidos para parte de los parlamentarios. Apenas nada se ha hecho al respecto, más allá de abrir un portal de transparencia en el Congreso y el Senado con los gastos de desplazamientos.