El Semi-Auditorio y el Catastro
Tal y como se esperaba, el fiscal anti corrupción, Juan Pablo Lozano, ha decidido abrir la vía para atribuir al expresidente regional Pedro Antonio Sánchez un supuesto delito de fraude de subvenciones por un uso indebido de la ayuda de seis millones de euros que permitió levantar el auditorio de Puerto Lumbreras.
Es un clamor público la sospecha de que el Ayuntamiento, cuando estaba encabezado por el alcalde Sánchez, solicitó la subvención millonaria sobre un solar de la rambla de Nogalte, en el que inicialmente se iba a construir el auditorio, que ni siquiera era de propiedad municipal. De esta forma, la referencia efectuada a que allí se iba a ubicar el complejo cultural habría sido utilizada, de forma supuestamente fraudulenta, para obtener la ayuda financiada con fondos europeos.
A raíz de estas sospechas, el fiscal reclamó el pasado abril al magistrado instructor del caso, Julián Pérez-Templado, que instase al Ayuntamiento lumbrerense a identificar, mediante su referencia catastral, la parcela de la rambla de Nogalte en la que se aseguró que se iba a levantar el centro, ya que diversos datos apuntaban a que el Consistorio ni siquiera era dueño de ese terreno cuando pidió la ayuda pública. Una suposición a la que el propio Consistorio acaba de dar fundamento. El secretario general del Ayuntamiento asegura, en un escrito dirigido a la Sala de lo Civil y lo Penal, que el terreno no es municipal y que desconoce siquiera quién es el dueño del mismo. «No constan inventariadas ninguna de las parcelas (…) y, por lo tanto, no nos consta número de inscripción registral de ninguna de ellas». Esta es la primera de las piezas.
La segunda lo es en cuanto a los trámites de la subvención:
El Decreto n.º 349/2006, de 22 de diciembre, publicado en el BORM nº 7 del 10 de enero de 2007,por el que por el que se regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la financiación de la totalidad de las obras de “Construcción de Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras” según el anteproyecto redactado por el arquitecto D. Martín Lejárraga, con un presupuesto de 6.000.000,00.- €. Este decreto está firmado por la Consejera Inmaculada García Martínez a petición del Consejero de Educación Juan Ramón Medina Precioso.
Con posterioridad, el 6 de noviembre de ese mismo año (el 2007) se publica en el BORM nº 256 el Decreto n.º 331/2007, de 26 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto n.º 349/2006, de 22 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la realización de las obras de “Construcción del Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras”. La modificación básicamente consiste en la ampliación del plazo para acreditar el total de la inversión hasta el 30 de abril del 2009. Este decreto está firmado por María Pedro Reverte García a propuesta del Consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz Sánchez.
La tercera, el alcalde Sánchez tomó la decisión «verbal y unilateral» de hacer una obra diferente en otro solar que tres particulares (en registro siguen siendo los propietarios) le habían cedido; aunque el consistorio lumbrerense, a su vez, lo había cedido a la Fundación Josefina Alcaraz durante 75 años para la construcción de una residencia de ancianos, sin que conste acuerdo de pleno poniendo fin a dicha concesión de uso para la fundación. Un lío padre. Y pese al cúmulo de irregularidades, el entonces consejero, Pedro Alberto Cruz, justificó la subvención sin la más mínima comprobación.
Con los datos que aportamos será fácil saber quien o quienes son los dueños de las parcelas es las que finalmente se levantó el semi-auditorio.
