Mi nombre es Fernando Losana, soy Abogado, enamorado del Derecho Administrativo, y activista en Transparencia y Derechos Humanos, esto último a través de la Asociación “Colectivo Jurídico Las Vías“.

Hace un par de meses tuve el honor de ser elegido Presidente de la Asociación “Murcia Transparencia Independiente” (MTI) y así tomar el relevo de nuestro difunto amigo y forjador de esta agrupación, Paco Torrano, que junto con otras personas,  comenzaron la labor ciudadana de ejercitar el Derecho a Saber en el marco de nuestra Región, como pioneros de esa necesidad imperiosa de controlar la actividad de nuestra clase política y la exigencia de que  se rindan cuentas de la misma.

Y el resultado de esa labor, que hoy continuo, ha sido la de poner de manifiesto que en la Región de Murcia, la transparencia es cada día más opaca por distintas razones que son consecuencia directa de una mala planificación legislativa, nuestra Ley es un corta y pega mal hecho de otras normas autonómicas,  con una deficiente aplicación administrativa cuando de pedir información sobre cuestiones de máximo interés  ciudadano se trata. No existe la posibilidad de que el órgano de control “independiente” como es el Consejo de Transparencia de la Región de Murcia, tenga la posibilidad de sancionar los incumplimientos legales que  se producen por parte de la Administración regional en toda su extensión, por ejemplo, cuando se trata de pedir información sobre los pagos a la sanidad concertada fruto de las derivaciones del Servicio Murciano de Salud; o sobre el coste y el uso de los teléfonos móviles de quienes nos gobiernan. A la ciudadanía se le niega el derecho fundamental a saber.

A la ciudadanía, también se le negó en su momento la aplicación del artículo 54 de la Ley, como si de un “impeachment” se tratará, para obligar a todo cargo público electo incurso en situación procesal de investigado por la supuesta comisión de delitos contemplados en los artículos 404 a 444 ó 472 a 509 del Código Penal, a entender que su permanencia en el cargo era incompatible con la confianza que se debe trasladar a la ciudadanía sobre la vigencia de los principios éticos y con la obligación de preservar el prestigio de las instituciones. Era el paradigma de PAS, cuando se encontraba en la situación procesal de investigado, por presunta corrupción en su más amplio espectro.

Pero no todo acaba en lo anteriormente expuesto porque si hablamos de nuestros Ayuntamientos y su transparencia, se produce la paradoja que el legislador autonómico claudicó ante la actuación de grupos de presión que supuso que las Corporaciones Locales no pudieran ser controladas ni por el Consejo de Transparencia regional ni por el estatal,  generando una situación salvaje, legibus ab solutus,  que impide conocer la labor que realizan los municipios y que abocan a cualquier persona que quiera ejercer su Derecho a Saber, a un proceso judicial con los costes que conlleva.

Y todo lo anterior pensábamos que se podía corregir con la aparición de nuevos actores políticos, los “nuevos” partidos que nos prometían cambiar la situación corrigiendo las deficiencias del bipartidismo que se había alojado en nuestra sociedad, pero la realidad es que tampoco lo han hecho. Ejemplo de esto era la actitud de Ciudadanos con su apuesta por la transparencia en nuestra Región,  con la promoción de una proposición de ley de GOBIERNO ABIERTO Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, que presentó el 10 de julio de este año, y que tenía como objeto corregir muchas de las deficiencias que he expresado. Pero desde el momento que tocaron poder transformaron su actitud ciudadana en una actitud súbdita, supongo que por la exigencias de su socio de gobierno, lo cual ha supuesto que recientemente Ciudadanos haya solicitado la retirada. 63 días ha durado de  la referida proposición normativa, para dejarnos en la misma situación que tenemos y que ahonda en la opacidad nefasta que afecta a nuestra calidad democrática.

Por todo esto, y además con motivo del Día Internacional del Derecho a Saber, la reflexión “la transparencia, pa cuándo?”,  nos lleva a pedir desde MTI que por parte de las fuerzas políticas se arbitre una fórmula urgente en Derecho para paliar esta demencial situación de la norma actual, corrigiendo las deficiencias que tenemos y así promover el ascenso de nuestra ciudadanía regional a la categoría de Champions League de la participación y la gobernanza del Bien Común.

Fernando Losana.

Presidente MTI.