Las actuales Leyes para la Transparencia, que, en su día, parecieron abrir un portal importante frente a la opacidad en la gestión pública, en su rodamiento, por un lado, han favorecido una actitud de la ciudadanía generalmente positiva en favor de esa transparencia que genera el poder acceder tranquilamente a la información, pero, por otro, también han patentizado su insuficiencia e ineficacia frente a la actitud obstruccionista.

La transparencia no debe tener límites ni cortapisas, porque estamos hablando de gestión y recursos públicos, y por lo tanto se tiene el derecho a saber, a conocer, a ser satisfechos de información, porque ello a su vez potencia derechos y obligaciones ya sean generales o personales.

Es cierto que en la actualidad se encuentra en aparente cuestionamiento la actual Ley de la Transparencia de nuestra Autonomía, aunque creemos que también debería cuestionarse la misma Ley del Estado y permitir la reforma de otras Leyes cuya existencia condicionan la propia Ley de Transparencia, y nos referimos, entre otras, a la Ley de Protección de Datos que obstaculiza, en muchos casos sin sentido, el acceso a la información y es una especie de cajón de sastre que se utiliza indiscriminadamente, o incluso la Ley de lo Contencioso Administrativo cuyo funcionamiento real hacen inservible o inviable la propia acción que se pretenda.

En opinión de MTI, estas son las premisas que se deberían seguir para una reforma legislativa de la LTPC:

• Desregular el Consejo de la Transparencia en el sentido de dotarlo de una total autonomía y de recursos, así como de capacidad coercitiva.
• Incluir su extensión a las Corporaciones Locales y a cualquier cargo de la administración, organismo pseudoadministrativo o privado que utilice recursos públicos.
• Listar las exclusiones de la Ley de protección de Datos y no quedar al arbitrio y discusión de lo que cada cual entienda, favoreciéndose así la opacidad y el obstruccionismo.
• Que los plazos se cumplan en sus propios términos y un paso en favor de ello sería la implantación del silencio administrativo con carácter positivo, lo que sería un compromiso para la agilidad y en todo caso tener un razonamiento suficiente en plazo de una negativa.
• Que las decisiones administrativas deberían de llevar la responsabilidad de quién las tome, unilateral o si colectivamente cada uno de sus miembros, y no estar amparada por el Órgano de turno, diluyéndose cobardemente de esta forma la referida responsabilidad, máxime cuando hablamos de recursos públicos.
• Las cuestiones referidas a la transparencia que derivaran en el contencioso administrativo deberían ser tramitadas por el procedimiento administrativo abreviado, o un procedimiento sumario ad hoc en todo caso, permitiendo ello celeridad y ahorro pues no haría falta la presencia de procurador.

Evidentemente existen más extremos , como por ejemplo la propia composición del Consejo de la Transparencia, que puede ser mejorado, pero éstas son algunas que desde MTI nos parecen de interés, aunque requiera como ya he dicho de una reforma que va más allá de nuestra Ley de Transparencia Regional.

En la Transparencia hace falta eso: TRANSPARENCIA. Si la hay todo serán facilidades, lo contrario evidenciará la toma de postura hacia la opacidad y ese es el camino de la corruptela, que no sólo es el latrocinio, sino la utilización bastarda de los bienes públicos en favor propio. La transparencia evita la arbitrariedad y es un freno al poder y es poner a la Administración al servicio de todos y no al revés.

PD. Te seguimos teniendo presente Paco Torrano.